El reciente escándalo que envuelve a Íñigo Errejón ha puesto de manifiesto la complejidad de la comunicación política en situaciones de crisis. Este caso nos brinda la oportunidad de examinar cómo los líderes políticos y sus partidos manejan acusaciones graves y cómo la sociedad responde a estas situaciones.
La instrumentalización política: Un arma de doble filo
La instrumentalización política de los casos de acoso tiene un impacto profundamente negativo en la percepción pública de estos incidentes. Este fenómeno no solo polariza el debate, alejándolo de su esencia y complejidad, sino que también establece marcos perniciosos que afectan directamente a las víctimas. En un escenario donde la lucha ideológica se impone sobre temas que deberían ser transversales, se crea un ambiente hostil para quienes buscan justicia.
Paradójicamente, mientras la sociedad en general parece haber desarrollado una mayor conciencia y consenso sobre estos temas, los partidos políticos quedan rezagados, atrapados en sus propias dinámicas de confrontación. Esta politización excesiva no solo convierte los casos de acoso en armas arrojadizas entre facciones, sino que también genera una división artificial donde la afiliación política puede determinar la credibilidad de una acusación.
Es en este contexto donde se comienzan a definir marcos que, lejos de proteger a las víctimas, las exponen a un escrutinio público implacable. Estos marcos, construidos sobre prejuicios y conveniencias políticas, sirven para desacreditar e invalidar testimonios, cuestionando la integridad de las víctimas en función de su supuesta alineación ideológica. Así, en lugar de centrarse en la gravedad de los hechos denunciados y en la búsqueda de justicia, el debate público se desvía hacia especulaciones sobre motivaciones ocultas o lealtades partidistas, erosionando la confianza en el sistema y, lo que es más grave, revictimizando a quienes ya han sufrido el acoso. Este enfoque distorsionado no solo obstaculiza la justicia en casos individuales, sino que también desalienta futuras denuncias, perpetuando un ciclo de silencio y impunidad que beneficia a los agresores y debilita la lucha contra el acoso en todas sus formas.
El comunicado: Un ejercicio fallido de gestión de crisis
El comunicado emitido por Errejón representa un claro ejemplo de cómo no gestionar una crisis de comunicación. El uso de eufemismos y la manipulación lingüística para justificar su comportamiento, sin ofrecer una disculpa clara ni empatizar con las posibles víctimas, demuestra una estrategia de comunicación mal ejecutada.
Frases como «contradicción entre el personaje público y la persona» o la referencia a ser «víctima del patriarcado» parecen desviar la atención del núcleo del problema. Este enfoque defensivo y confuso, carente de autocrítica, no solo falla en abordar las acusaciones de manera directa, sino que también corre el riesgo de trivializar temas serios como la salud mental.
La politización del acoso: Un obstáculo para la justicia
Es fundamental recordar que el machismo, la violencia de género y el acoso sexual no tienen ideología. La polarización política en estos temas solo sirve para oscurecer la gravedad de los hechos. El caso Errejón, al igual que otros casos históricos como el de la concejala del PP Nevenka Fernández que denunció al alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez por acoso sexual en 2001, demuestra que el acoso puede ocurrir en cualquier espectro político.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿Están los partidos políticos realmente comprometidos con la lucha contra el acoso, o solo lo utilizan como arma arrojadiza contra sus adversarios? La falta de protocolos claros contra el acoso en los partidos políticos, en contraste con las prácticas ya establecidas en muchas empresas, sugiere una brecha significativa en la gestión de estos temas en el ámbito político.
Responsabilidad política y ética personal: Un llamado a la coherencia
El escándalo de Errejón pone sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad de los partidos políticos. SUMAR, Más Madrid y Podemos deben realizar una profunda autocrítica. ¿Quiénes conocían estas conductas y decidieron callar? ¿Cómo se puede justificar la protección de comportamientos inapropiados en nombre de la lealtad política?
Es crucial entender que no se puede separar al «personaje público» de la «persona privada». Esta dicotomía es una falacia que solo sirve para justificar comportamientos reprobables. Debemos exigir a nuestros representantes una coherencia total entre su discurso público y su conducta privada.
Conclusión: Hacia una nueva ética política
El caso Errejón debe servir como catalizador para un cambio profundo en la cultura política. Es imperativo que los partidos establezcan protocolos claros contra el acoso, que se fomente una cultura de transparencia y responsabilidad, y que se deje de utilizar la salud mental como escudo para evadir responsabilidades.
Como sociedad, debemos exigir este cambio y no permitir que la política se convierta en un escenario donde la ética personal se diluye en favor del pragmatismo partidista. Solo así podremos avanzar hacia un sistema político más justo, transparente y responsable, donde las víctimas de acoso encuentren el apoyo y la justicia que merecen, independientemente del color político del agresor.
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